[Ip-health] HEPATITIS C: EN JAQUE MONOPOLIO QUE PERMITE COBRAR HASTA $25 MILLONES POR TRATAMIENTO

James Love james.love at keionline.org
Thu Jul 26 10:32:01 PDT 2018


Wow.  Just wow.  Amazing detail about the massive industry lobbying against
the Chile compulsory license.  I'll also post a Google translate version.
Jamie

https://ciperchile.cl/2018/07/24/agresivo-lobby-de-laboratorios-contra-resolucion-que-baja-millonario-precio-de-medicamento/

 INVESTIGACIÓN

HEPATITIS C: EN JAQUE MONOPOLIO QUE PERMITE COBRAR HASTA $25 MILLONES POR
TRATAMIENTO

Agresivo lobby de laboratorios contra resolución que baja millonario precio
de medicamento
24.07.2018

Por Nicolás Sepúlveda

Dos días antes del cambio de gobierno, la entonces ministra de Salud,
Carmen Castillo, firmó una resolución que derriba la patente de un eficaz
medicamento contra la Hepatitis C y que permitiría bajar los precios de un
tratamiento que hoy cuesta hasta $25 millones. La resolución está parada
debido al fuerte lobby de los laboratorios ante el gobierno, estrategia que
incluye la vocería de un ex subsecretario de Economía de la ex presidenta
Michelle Bachelet y la asesoría del abogado Francisco Zúñiga, connotado
colaborador de la administración de la ex mandataria. A los laboratorios
les preocupa que este sea el primer paso para liberar otras patentes
farmacéuticas vigentes en Chile.

El 9 de marzo, dos días antes de que se iniciara el segundo gobierno de
Sebastián Piñera, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una
resolución que, en los hechos, termina con el monopolio que ejerce el
Laboratorio Gilead (estadounidense) sobre la venta en Chile de un eficaz y
nuevo tratamiento para la Hepatitis C. Más de 50 mil chilenos padecen esa
infección, la que, de no ser tratada, puede derivar en cirrosis hepática,
cáncer y  causar incluso una dolorosa muerte.

A pesar de que el moderno tratamiento está disponible desde 2015, siguen
muriendo chilenos afectados por Hepatitis C. ¿La razón? El sofosbuvir,
componente clave del tratamiento, puede costar $25 millones en farmacias.
Fue patentado por el Laboratorio Gilead, que es, por tanto, el único
autorizado para su comercialización en Chile. Ese monopolio explica el alto
costo de la medicina.

La decisión de la entonces ministra Carmen Castillo puso en jaque ese
monopolio y encendió la alerta roja en la  industria farmacéutica, la que
de inmediato planificó una agresiva estrategia para anularla.

La resolución abrió -por primera vez en Chile- la puerta a que otros
laboratorios vendan este y otros medicamentos, a pesar de estar patentados.
Lo hace a través de una “licencia obligatoria”, que bajaría drásticamente
los precios. Esto, porque la ley faculta al Estado a pasar por sobre una
patente por razones de salud pública o emergencia sanitaria. De aprobarse
esta resolución, sería la primera vez que se aplica esta norma, vigente
desde 2005.

Un ejemplo de lo que ocurre cuando la patente es “derribada”: en India,
donde se comercializa como genérico, el mismo tratamiento para la Hepatitis
C puede conseguirse por $1,5 millón, 16 veces más barato que en Chile.

El lobby que desplegó la industria farmacéutica en Chile y en el extranjero
ha sido efectivo. A casi cinco meses de la firma de la resolución, su
trámite está congelado. El Laboratorio Gilead, dueño de la patente,
presentó dos recursos ante el Ministerio de Salud que paralizaron la
tramitación de la “licencia obligatoria”. La amenaza que esgrimen los
laboratorios es que si Chile la aprueba, puede ser castigado por organismos
internacionales por vulnerar tratados comerciales.

CIPER accedió a documentos internos de la Cámara de Innovación Farmacéutica
(CIF), que agrupa a laboratorios multinacionales con presencia en Chile, y
reconstruyó la ruta del lobby que ha ejercido sobre las autoridades. Al
menos nueve reuniones han sostenido con los ministerios de Economía, Salud
y Relaciones Exteriores.

El agresivo lobby incluye la asesoría del abogado Francisco Zuñiga (PS), un
hombre cercano al gobierno de Bachelet, y la visita al país de un connotado
lobista estadounidense, Carl Meacham, representando la industria de Estados
Unidos. Representantes de los laboratorios se han reunido con embajadas de
la Unión Europea y con la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio
(Amcham), alertando sobre las consecuencias de la decisión del gobierno.
Este lobby que incluye al principal gremio empresarial del país, la
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y cuenta con la asesoría comunicacional
de la periodista Gloria Stanley.

PRESIÓN INTERNACIONAL

A las cinco de la tarde del martes 13 de marzo el directorio de la Cámara
de Innovación Farmacéutica (CIF) se reunió de emergencia en sus oficinas en
calle Hernando de Aguirre (Providencia). No solo les preocupaba que la
resolución del Minsal derribara la patente para el tratamiento de la
Hepatitis C, el temor era que ese fuera el primer paso liberar otras
patentes vigentes en Chile.

Los ocho miembros del directorio participaron de esa asamblea, cuatro en
persona y los restantes por video conferencia. Cada uno de ellos representa
a un laboratorio integrante de la CIF.

En la reunión se informó que la resolución del Minsal afecta al Laboratorio
Gilead (no forma parte de la CIF) y a Bristol–Myers Squibb (BMS), un
laboratorio que sí es socio y que produce uno de los compuestos con el que
se puede aplicar la terapia contra la Hepatitis C. Luego delinearon su
estrategia: acercarse a las autoridades pertinentes, en particular del área
económica; mantener un bajo perfil comunicacional; reunirse con los
representantes de las embajadas y pedirle a sus abogados que elaboraran un
documento con los posibles cursos legales para detener la decisión de la
autoridad (revise aquí el acta de ese directorio).

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Las gestiones estaban mucho más avanzadas el 22 de marzo (ver acta), cuando
volvió a reunirse el directorio de la CIF. Entonces ya se había concretado
(14 de marzo) una reunión con su poderoso símil estadounidense: Phrma,
gremial que agrupa a los más grandes laboratorios de Estados Unidos. El
objetivo era que Phrma informara a la USTR (Oficina del representante
comercial de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) lo que estaba
ocurriendo en Chile, y le enviara una copia de la resolución del Ministerio
de Salud. También despachó minutas a la European Federation of
Pharmaceutical Industries (Effpia).

Otra acción internacional destinada a presionar al Estado de Chile fue la
gestión del Laboratorio GSK (británico, con presencia en 70 países) ante el
Department for a International Trade (DIT), del Reino Unido. El plan fue
que se incluyera las “licencias obligatorias” en la agenda de las
negociaciones entre Chile y la Unión Europea para actualizar los Acuerdos
de Asociación, un tratado comercial vigente hace 15 años.

Con el mismo objetivo, el 11 de abril la CIF se reunió con el presidente de
la Sofofa, Bernardo Larraín, a quien le plantearon los riesgos para la
agenda comercial de Chile que representa la resolución del Minsal que
autoriza una “licencia obligatoria”. Las actas de la CIF indican que
tuvieron una buena recepción del líder empresarial.

El problema lo había anunciado el vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean
Jacques Duhart, quien fue subsecretario de Economía en el primer gobierno
de Michelle Bachelet. Lo hizo el 26 de marzo en las mismas dependencias de
la Sofofa, cuando se realizó una reunión informativa sobre los avances de
la negociación para actualizar el acuerdo comercial de Chile con la Unión
Europea. Allí Duhart planteó también las inquietudes de la CIF por la
tramitación del proyecto de Ley de Fármacos II, que representa, dijo, un
“riesgo para la posición negociadora de Chile”.

El 23 de marzo los directivos de la CIF se reunieron con Amandine
Montredou, representante para Latinoamérica del Instituto de Propiedad
Industrial de Francia, y con Florence González, la jefa de políticas
sectoriales de la embajada de Francia en Chile. Por la CIF asistieron Jean
Jacques Duhart y Henry Ordóñez, gerente en Chile del Laboratorio Sanofi
Adventis (franco-alemán), líder de Europa.

Por esos mismos días, Jean Jacques Duhart llegó hasta la embajada de
Estados Unidos en Chile. Lo acompañó el abogado Cristián Barros. Ambos se
reunieron con James McCarthy, consejero comercial, Megan Schildgen,
agregada comercial y Verónica Pinto, la asesora comercial de esa embajada.

En paralelo, Mathieu Gilbert, director de la CIF y gerente del Laboratorio
Novo Nordisk en Chile (la mayor empresa de Dinamarca y uno de los
laboratorios líderes de Europa), se reunió con un representante de la
embajada de Canadá. En otro lugar de Santiago, Ignacio Lombardero, también
director de la CIF y gerente del Laboratorio AstraZeneca (con sede en
Londres y la quinta empresa farmacéutica del mundo), estaba reunido con
personeros de la embajada del Reino Unido.

También hubo reuniones con la embajada de Bélgica (asistió Jean Jacques
Duhart con Jorge Arévalo, director de la CIF y gerente en Chile del
Laboratorio GSK); con la embajada de Suiza (fue Duhart con Sandra Cabezas
Hurtado, del Laboratorio suizo Novartis), y de Dinamarca (Duhart con
Gilbert, de Novo Nordisk). Estaban planificadas gestiones ante las
embajadas de Alemania y Suecia, pero CIPER no pudo confirmar si se
concretaron.


Lobby desplegado por la CIF en Europa

LA INDUSTRIA PRESIONA EN CHILE
Lo que sí se concretó fue la asistencia de dos directores de la CIF, Henry
Ordoñez y Cesar Millán, del Laboratorio Janssen (belga), a una reunión de
la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham). En la cuenta que
rindieron ante el directorio de la CIF, allí plantearon su preocupación por
las “licencias obligatorias”.

El objetivo era sumar el poder y la influencia de  Amcham a la presión para
anular la decisión del Ministerio de Salud. Para asegurar ese respaldo,
Duhart se reunió en forma previa  con el presidente de Amcham, el abogado
Guillermo Carey.

En la planificación de la CIF, a la Amcham le correspondió presionar al
ministro de Salud, Emilio Santelices, como registra el acta del directorio
de la CIF del 20 de abril (ver acta). Según información de Ley de Lobby, el
16 de abril tres representantes de la Amcham (entre ellos Guillermo Carey)
se reunieron con el ministro Santelices. Cuatro días antes, el 12 de abril,
hicieron lo mismo con el ministro de Economía, José Ramón Valente.


Lobby de la CIF en Norteamérica

Las actas de la CIF revisadas por CIPER revelan que la industria
farmacéutica multinacional estaba muy interesada en que el ministro Valente
asistiera al encuentro Roundtable discussion and public fórum, convocado
por la US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos), el 20
de abril en Washington. Valente acudió (estuvo en Washington entre el 18 y
el 23 de abril).

Ante una primera consulta de CIPER, en el Ministerio de Economía
respondieron que el ministro no había sostenido ninguna reunión formal ni
informal con alguien de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) de Chile
durante su paso por Estados Unidos. Pero luego, al preguntar si el tema de
las “licencias obligatorias” había sido planteado, respondieron que en ese
tipo de instancias “se plantean muchos temas, pero eso es distinto a
sostener una reunión formal o informal”.

En Chile si hubo reuniones sobre el problema, y algunas no quedaron
registradas en la plataforma de Ley de Lobby. Desde el Ministerio de
Economía explican que la CIF solicitó una reunión formal con el ministro
Valente, pero que este optó por derivar esa solicitud a Andrés Osorio y
Teresita González, dos asesores en materia de competitividad y regulación.
La reunión se concretó el 16 de junio. Como esos dos funcionarios no están
registrados como sujetos pasivos en la plataforma de transparencia, no
quedó huella de esa cita.

La que sí quedó registrada fue la reunión del ministro Valente con los
representantes de los laboratorios Gador y Gilead (el distribuidor de la
terapia y el poseedor de la patente, respectivamente), la que se realizó el
30 de mayo en el ministerio. El registro público solo anuncia que se
conversó sobre la “revisión de planes nacionales sobre Hepatitis C”.

Los mismos representantes de los laboratorios Gador y Gilead se reunieron
con el director de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon, dependiente de la Cancillería), Rodrigo Yáñez, el
24 de abril. La solicitud de esa reunión, dice:

De: Laboratorio Gador y Laboratorio Gilead

Para: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon)

“Expresar nuestra preocupación por los eventos relacionados a Hepatitis C,
en particular por las exigencias de la reciente resolución exenta N° 399
del 9 de marzo de 2018 del Minsal, y nuestra propiedad intelectual, que nos
afecta directamente, y sus repercusiones para las relaciones comerciales
con la compañía norteamericana Gilead, y las relaciones comerciales entre
nuestros países”.

La misma delegación estuvo el 20 de abril en el Ministerio de Salud, donde
se reunieron con la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables,
María Godoy Gabler. El 16 de mayo el Laboratorio Bristol Myerss Squibb
(BMS, que forma parte de la CIF), también acudió al Minsal a una cita con
asesores. El registro de esta última reunión incluye la respuesta de los
personeros del Ministerio de Salud al laboratorio:

De: Ministerio de Salud

Para: Laboratorio Gador y Laboratorio Gilead

“Se indica que la resolución se emitió por solicitudes externas y que está
bajo análisis. Se respetará el marco legal vigente y se les invita a
mantener sus inversiones en sus distintas líneas de investigación, y que
mantengan su interés en participar en los distintos programas de salud del
Ministerio“.

LOBISTAS IBAN, LOBISTAS VENÍAN

El 10 de abril la plataforma de Ley de Lobby registra la primera reunión de
lobistas con autoridades nacionales por este problema. Ese día el
vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, llegó hasta las
oficinas de la Direcon para reunirse con la jefa de gabinete del organismo,
Katherine Lama. Acudió en compañía de Luz Sosa, abogada del Laboratorio
Johnson & Johnson, y del estadounidense Carl Meacham, vicepresidente de
Phrma (la gremial de los laboratorios de Estados Unidos) para Latinoamérica.

El registro de aquella reunión solo informa que se trató el tema de “las
licencias obligatorias para productos farmacéuticos”. Esa gestión tuvo el
respaldo de Meacham, un hombre clave en la ofensiva desplegada por los
laboratorios en Chile. El gobierno ha señalado que uno de sus objetivos
económicos es incrementar la inversión extranjera en el país, por lo que
los representantes de los intereses económicos de Estados Unidos podrían
tener en Meacham un micrófono más potente ante nuestras autoridades. Eso va
en la misma línea estratégica trazada por la CIF: anular la “licencia
obligatoria” para la Hepatitis C para no espantar a los inversionistas.

Meacham es uno de los representantes clave de los intereses estadounidenses
en Latinoamérica. Tiene 46 años, con estudios en ciencias políticas,
relaciones internacionales y administración pública. Creció en Chile (su
madre es chilena) pero desarrolló su carrera en Estados Unidos. Entre 2002
y 2013 trabajó en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado
de Estados Unidos. Allí también asesoró al senador republicano Richard
Lugar. Luego se desempeñó en el Center for Strategic and International
Studies, dependiente del mismo comité del Senado, como encargado de América
Latina. Desde esa plataforma recorrió el continente y fue prolífico en
entrevistas sobre las coyunturas de Cuba, Venezuela y Argentina.


Carl Meacham, lobista estadounidense (captura de Youtube)

Sus visitas no se limitaron a la política, el acento fue defender los
intereses comerciales de su país. En 2008 dijo a El Mercurio que el
objetivo de sus viajes de ese año era elaborar un informe para el G-8 donde
se analizara si en los países estudiados “hay corrupción o impuestos
injustificados” (revise esa entrevista).

Carl Meacham es un experto lobista estadounidense. En 2016 era gerente de
Asuntos Públicos para el cono sur (Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) de
Uber. En ese rol sostuvo al menos cinco audiencias con autoridades
chilenas. Este 2018 registra dos reuniones con autoridades, pero ahora en
representación de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile (CIF) y de
su par del norte, Phrma.

Un mes después de su primera gestión ante la Direcon, Carl Meacham llegó a
la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (InvestChile, del
Ministerio de Economía), y se reunió con el jefe del organismo, Ian
Frederick. La tabla se mantuvo: las “licencias obligatorias” y la Ley de
Fármacos II, que se tramita en el Congreso (vea el registro).

EL ABOGADO BACHELETISTA
A las 10:10 del jueves 22 de marzo, el abogado Francisco Zúñiga Urbina (PS)
intervino en una reunión del directorio de la CIF. Lo hizo junto a Felipe
Peroti, abogado del estudio que Zúñiga comparte con Jaime Campos, ex
ministro de Justicia de Bachelet.

Al igual que Campos, Francisco Zúñiga jugó un rol importante en el gobierno
pasado. En 2013 integró el comando de campaña de Michelle Bachelet,
coordinando la comisión encargada de elaborar una propuesta para modificar
la Constitución. En 2014 asesoró al Ministerio de Hacienda durante la
tramitación de la Reforma Tributaria (recibió $24 millones por esa labor).
Entonces también tenía un pie en el sector privado: en paralelo asesoraba a
la Asociación de Bancos en su oposición a la ley que fortalecía el Sernac.
En 2015 presentó en el Congreso un informe encargado por Parque Arauco en
contra del proyecto que establecía dos horas y media de gratuidad en los
estacionamientos de centros comerciales, y en esa misma época era el asesor
legal de la empresa Morpho, que presta servicios al Registro Civil.

Ante el directorio de la CIF, Francisco Zúñiga enumeró los “vicios de
juridicidad” e “infracciones constitucionales y legales” que, a su parecer,
tiene la resolución firmada por la ex ministra Castillo. Zúñiga dijo a los
representantes de los 22 laboratorios que forman parte de la gremial que,
además, la decisión del Minsal infringe el principio de competencia, que la
motivación económica que esgrimen no es válida y que se cometió infracción
en el procedimiento administrativo, porque no se le permitió al laboratorio
participar de la decisión.


Abogado Francisco Zuñiga (PS)

Luego, Zúñiga recomendó vías de acción para revertir la decisión de la
ministra Carmen Castillo. En su propuesta figuró acudir a la Contraloría y
solicitar que se anule la decisión. Según dijo Zúñiga, invalidar la
resolución podía demorar entre seis a ocho meses.

El directorio de la CIF decidió ese mismo día acudir a la Contraloría y
solicitar a Zúñiga su tarifa por hacerse cargo del trámite. El acta de la
reunión de directorio de la CIF del 3 de abril (ver acta), indica los
honorarios que se le pagarán a Zúñiga por la presentación ante la
Contraloría: 200 UF más un bono de 100 UF si la operación es exitosa (unos
$8,7 millones en total). Zúñiga recibe además otros pagos de la CIF, ya que
es su asesor permanente al menos desde 2016.

La última semana de abril se presentó ante la Contraloría la impugnación a
la resolución del Ministerio de Salud. El órgano fiscalizador aún no se
pronuncia.

CIPER intentó comunicarse con Francisco Zúñiga a través de su oficina de
abogados, pero no hubo respuesta.

“LA ESPERA NOS MATA”
Actualmente el sofosbuvir (compuesto principal de la cura para la Hepatitis
C) se vende en el país bajo el nombre de Sovaldi, la denominación utilizada
por el Laboratorio Gilead, propietario de la patente. Su precio en
farmacias oscila entre los $3,8 y los $5,2 millones para una caja de 28
comprimidos, que solo sirve para un tercio del tratamiento. La dosis
completa –tres de esas cajas­– puede llegar a costar $15,6 millones.

Pero Sovaldi no se toma solo, sino que se combina con otros compuestos. La
Farmacia Salcobrand ofrece el Harvoni (sofosbuvir más ledispasvir) a $6,6
millones la caja de 28 pastillas. En Farmacias Ahumada cuesta $7,5
millones. Multiplicado por tres, el tratamiento puede costar $22,5
millones. Otra opción es Epclusa (sofosbuvir más velpatasvir) que en
Salcobrand cuesta $6,6 millones.

El alto costo de estos medicamentos ha impedido el acceso a ellos de todos
los enfermos que los han necesitado.

Julia, la esposa de Álvaro Villagrán, se enteró que su marido estaba
infectado con Hepatitis C a mediados de 2016, cuando le hicieron un examen
de sangre en un servicio hospitalario de San Antonio. Recién seis meses
después lo ingresaron al AUGE. A pesar de que los síntomas en su cuerpo se
manifestaban hace más de tres años (líquido en sus piernas, tono
amarillento en su piel), ningún examen médico lo advirtió.

No es un caso aislado, las estimaciones de los hepatólogos es que existen
alrededor de 50 mil personas infectadas con Hepatitis C en Chile, y que de
ellas solo mil están diagnosticadas en el sistema público (que atiende al
80% de la población). Eso significa que solo poco más de un 2% de los
infectados sabe el mal que padece. El hepatólogo Alejandro Soza lo explica
en este video que subió a Youtube la Fundación de Pacientes con Hepatitis C:


En marzo de 2017, Julia y su esposo Álvaro comenzaron los trámites para
acceder al tratamiento:

– La doctora nos dijo que en enero de 2017 empezaba el tratamiento, pero no
pasó nada. Aquí en Chile no había posibilidad, porque el tratamiento cuesta
millones y no podíamos pagarlo. Después, informándome, buscando, leyendo
por internet, llegué a la página de la Fundación de Pacientes con Hepatitis
(Fupahep) y me enteré de este remedio que se vendía en la India. Eso fue a
mediados de 2017 y en unos 10 días la Fupahep me consiguió los remedios. Mi
marido empezó el tratamiento como en agosto de 2017 –cuenta Julia.

Actualmente, se puede comprar el tratamiento en la India como persona
natural, con la guía de un médico y los contactos necesarios. Hay pacientes
que relatan que los han estafado, porque pagan y después los medicamentos
no llegan. No hay ninguna protección legal, pero es la única opción que
tienen: en la India las pastillas son 16 veces más baratas que en Chile.

Cuando Álvaro Villagrán empezó a tomar las pastillas de la India, tenía 63
años. Alto y corpulento, comenzó a debilitarse rápidamente. En noviembre
pesaba 44 kilos. Su esposa Julia, relata:

-Era puro hueso, yo tenía que trasladarlo en silla de ruedas. Tomaba el
tratamiento más otros siete remedios para eliminar el líquido de su cuerpo.
Porque le viene la ascitis, que es cuando la persona se empieza a llenar de
líquido. En un momento sus genitales eran una bolsa que se inflamaba y
usted no sabía lo que tenía adentro… y no podía caminar. También le vino
una encefalopatía, porque la infección se va al cerebro. Y es como si
estuviera borracho. Se reía solo, le empezó a afectar el cerebro. Lo
internaban en Valparaíso, le sacaban líquido, lo tenían como uno o dos
días, uno quería preguntar, y cero respuesta, insensibles totales… Y nadie
me dijo “él está grave, se puede morir”. Nadie me dijo, hasta que un día…

Lo que Julia dolida reclama es que nadie le dijo que si la terapia no se
aplica a tiempo, puede ser inútil.

-Álvaro seguía bajando de peso, comiendo menos, decían que tenía que comer
sin sal… le daban unos calambres terribles… después era el estómago que se
hinchaba, era como una mujer embarazada de ocho meses. Ese líquido se le
iba a los pulmones. En noviembre de 2017 lo mandaron al hospital cuando no
le pudieron sacar el líquido, porque se infectó y le dio una peritonitis. Y
ahí mi pobre guatón falleció, jadeando como un perro sin poder respirar… No
le pusieron morfina, no le pusieron calmantes… agonizó peor que un perro
envenenado. Le dije a la doctora que le dieran algo para el dolor, y le
dieron un paracetamol. A las tres de la mañana, yo le dije: “Mi amor,
váyase, váyase”. Él estaba en coma, pero el cuerpo le saltaba entero porque
no podía respirar… pero logró hablar y me dijo “te amo” y se fue –recuerda
Julia esas últimas horas junto a su esposo.

Además de tristeza y dolor Julia hoy está con mucha ira: “Fue una lucha
dispareja, porque si yo no hubiera llegado donde Marcos Aguirre (dirigente
de la Fupahep) no habría tenido los medicamentos. Esto no se ha difundido
lo suficiente, y menos la precaución. Porque la gente no sabe, y usted
puede tener Hepatitis C durante años y no saber”.

VUVUZELAS AFUERA DEL MINSAL
Marcos Aguirre también estuvo infectado con Hepatitis C. Hace cuatro años
se la diagnosticaron. Preguntando y navegando en internet llegó a Fupahep.
Cuenta que en ese momento el tratamiento para la enfermedad costaba entre
$25 millones y $99 millones, dependiendo de la mezcla de fármacos que el
paciente debía ingerir según el tipo de Hepatitis C que padecía.

Marcos realizó un bingo junto a su familia y amigos en septiembre de 2015.
Juntaron $1,2 millón. No alcanzaba para las pastillas, pero él le dio otra
utilidad y de paso se convirtió en dirigente de la Fupahep:

-Con esa plata compré vuvuzelas, pancartas y unas poleras que dicen “la
espera nos mata”. Me paré con dos personas más afuera del Minsal y nos
dijeron que pidiéramos una reunión vía Ley de Lobby. Nosotros convocamos a
todas nuestras familias y con las vuvuzelas y las pancartas llegamos a
protestar. A los 15 minutos estábamos con el entonces subsecretario Jaime
Burrows –cuenta Marcos Aguirre a CIPER.

Protesta de Fupahep

Lograron impacto mediático y pudieron instalar el problema. Como una medida
de emergencia, en junio de 2016 el Minsal compró 50 dosis del tratamiento.
La Fupahep se encargó de contactar a las 50 personas más graves en ese
momento. Según la Fupahep, el Minsal pagó $12 millones por cada tratamiento
al laboratorio: $600 millones en total.

Todos los que habían protestado y luego recibieron el tratamiento, se
fueron para sus casas. En la Fupahep solo quedó Marcos Aguirre y el
directorio.

-En 2017 descubrimos que en la India los remedios eran más baratos, que se
podían conseguir por $1,5 millón, así que un paciente se ofreció a
probarlos, y funcionaron –recuerda Marcos Aguirre.

De ahí en adelante se especializaron en los trámites burocráticos: el
permiso del Instituto de Salud Pública (ISP), las redes de distribución, el
seguimiento médico. Las pastillas se demoran 25 días en llegar a Chile. A
pesar de la efectividad de los remedios, Marcos se lamenta: “Igual en el
camino se han muerto tres personas, porque los medicamentos no llegaron a
tiempo”.

Marcos Aguirre dice que el tratamiento que cura la Hepatitis C fue
ingresado a la canasta de la garantía GES a fines de 2017, pero solo para
350 personas. “Fupahep pide un tratamiento para todos”, señala el dirigente.

Quien también se acercó a la Fupahep fue la periodista Patricia Espejo, a
quien le diagnosticaron Hepatitis C en 2016. Espejo se había especializado
en temas de salud, realizando diversos programas en TVN. Dice que lo
primero que le impactó cuando fue diagnosticada fue el costo que tenía el
tratamiento:

-El doctor me dijo: es caro. Yo pensé que el tratamiento completo era de
$10 millones, pero nunca pensé que fueran $45 millones. Era impactante el
precio. Sé que después esos precios bajaron –cuenta Patricia Espejo a CIPER.


Cotización que recibió Patricia Espejo. Solo considera pastillas para un
tercio del tratamiento

La periodista pudo resolver su tratamiento gracias a la compra de
medicamentos en Argentina y a un trato privilegiado que recibió del
Laboratorio Gilead. “Yo estaba jubilada en ese tiempo, por lo que tuve que
echar mano a mis ahorros. Esos ahorros para mi vejez se fueron”, señala.
Espejo dice que entiende el reclamo de los laboratorios, porque si no
recibieran una retribución “no habrían incentivos para investigar, y en
estricto rigor, quienes más investigan en fármacos para las enfermedades
son los laboratorios multinacionales, más que las universidades”.

Patricia Espejo sí resalta un problema:

-Lo que sí me resulta molesto es que quieran recuperar la inversión en una
semana. Aunque lo pongo en forma caricaturizada. Porque no puedo creer que
una pastilla pueda llegar a costar mil dólares… ¡una pastilla! No puedo
creer que tenga ese valor. No me consta que haya sobreganancia, pero puedo
presumir que quieren recuperar la inversión en muy poco tiempo y luego
comenzar a ganar (lea aquí la entrevista completa a la periodista Patricia
Espejo).

DECISIÓN PARALIZADA
Los que impulsaron la decisión del Minsal sobre las “licencias
obligatorias” para la Hepatitis C fueron la Corporación Innovarte (dedicada
a temas de propiedad industrial), la Fundación Nuevo Renacer (de pacientes
con cáncer) y los diputados Giorgio Jackson (RD) y Karla Rubilar (actual
intendenta de Santiago). Y aunque han seguido presentando recursos, el
Ministerio de Salud mantiene la resolución paralizada.


Hemos tenido conversaciones informales en las que nos han ratificado que
hay un problema político que escaló incluso a La Moneda, y ahora estamos
solicitando formalmente información sobre los plazos del proceso de
“licencia obligatoria
Giorgio Jackson

diputado

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Entre marzo y abril el Laboratorio Gilead presentó un recurso de reposición
(ver)  y un téngase presente en contra de la resolución del Minsal (ver).
El abogado de la Corporación Innovarte, Luis Villarroel, quien respondió
esos recursos el 19 de junio (ver respuesta), señala a CIPER:

El Ministerio de Salud tiene una gran oportunidad para terminar con la
Hepatitis C en Chile y, a la vez, enviar una señal que evite abusos en
precios de fármacos. Solo debe finalizar el procedimiento de “licencias
obligatorias” contemplado en nuestra legislación respecto de los
medicamentos requeridos, tal como ya lo ha hecho Malasia con el respaldo de
la Organización Mundial de la Salud.
Luis Villarroel

Corporación Innovarte

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La ruta que podría seguir la Resolución N°399 es compleja. Si el Minsal
decide avalar la “licencia obligatoria”, deberá solicitarla al Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), el que podría tomarse hasta año y
medio para resolver, según dijeron a CIPER en ese organismo. Luego, la
decisión es apelable ante el Tribunal de Propiedad Industrial y finalmente
ante la Corte Suprema.

La posibilidad de estirar la decisión, es una maniobra que forma parte del
plan de la CIF. Fue uno de los datos que les entregó el abogado Francisco
Zúñiga, quien conoce al dedillo el funcionamiento de la institucionalidad
por su constante ir y venir del mundo público al privado.

El vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, asegura a CIPER
que la resolución firmada por la ex ministra Carmen Castillo distorsiona la
ley, porque a su juicio el criterio económico no es una causal para emitir
“licencias obligatorias”.


Jean Jacques Duhart (captura CNN Chile)

-La preocupación del Minsal es muy válida, pero que el ministro de Hacienda
reconozca entonces que el gobierno tiene otras prioridades. No pongamos a
los pacientes de rehenes de esta situación. Esto no debe afectar a los
pacientes, ya que estos deben recibir sus tratamientos del Estado. Alguien
habrá hecho bien los estudios para decidir incluir este tratamiento en el
GES. No se puede a la hora 25 tomar otro tipo de decisiones. Este no es un
tema humanitario: está cubierto y el Estado tiene que responder. Si no
revisaron bien la plata, tendrán que hacer las revisiones del caso. Aquí se
quiere sacar las castañas con la mano del gato –dice Jean Jacques Duhart a
CIPER.

El argumento de Duhart es el mismo que enarbola en todo el mundo la
industria farmacéutica: el Estado debe pagar por los tratamientos, no los
pacientes. Pero, a fin de cuentas, alguien debe pagarles lo que cobran.
Duhart reconoce que les preocupa el “antecedente” que esta decisión puede
sentar:

-La decisión se tomó de forma bien liviana, bien superficial. Bajo esta
misma lógica, tú podrías aplicar esta situación a cualquier producto
protegido por patentes. Y eso sería perforar el sistema de patentes en
Chile de la A a la Z. Eso puede ser una opción país, pero tiene
consecuencias.

– ¿Cuáles?

-Que con ello se va a vulnerar reglas básicas sustentadas en compromisos
internacionales que ha asumido Chile, y que le han permitido insertarse en
el concierto internacional. Puede que le digan a Chile que va a tener que
renegociar múltiples tratados, como los TLC. Ahora está de moda Trump, que
se le ocurre echar abajo todos los acuerdos y empezamos una escalada… Con
la diferencia de que Chile es un país pequeño que ha sustentado todo su
avance con su inserción internacional. Si empezamos a soltarnos las trenzas…

– Si esta resolución se hace efectiva, ¿puede haber sanciones para Chile?

-Se genera un precedente que significa vulnerar reglas fundamentales a las
que Chile se ha comprometido (lea aquí la entrevista completa a Jean
Jacques Duhard).

INFORMACIÓN ADICIONAL
Patricia Espejo: “Los laboratorios en algún minuto tienen que sacarse el
signo peso de la cabeza”

Ver link
INFORMACIÓN ADICIONAL
Jean Jacques Duhart: “Esto sería perforar el sistema de patentes en Chile
de la A a la Z y tiene consecuencias”


Comentarios (13)

RODOLFO24.07.2018
Muy lamentable que esta mafia de transnacionales en medicamentos, junto con
ejecutivos, asesores judiciales, gobiernos extranjeros y otros, le den más
importancia a sus "intereses" que a salud de los enfermos, quienes se
encuentran totalmente desprotegidos. Vamos a ver como reacciona nuestro
gobierno para conseguir un precio razonable de este medicamento para los
enfermos del país. O, en su defecto, -- si se puede-- cancelarle su
autorización para que no opere comercialmente en el país. "Ama a tu prójimo
como a ti mismo".

CRISTIAN TORRES24.07.2018
Y en tuiter un médico me decía que las farmacéuticas no lucran. Necesitamos
mas pruebas de que esta es una industria casi criminal que utiliza a las
personas??

ENCARNACIÓN HERNÁNDEZ25.07.2018
Lamentablemente los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría han
dormido siempre con el enemigo. A estos lobystas cuando les ha sido útil
son PPD, PS, Democrata Cristianos o Radicales, pero luego no tienen ningún
pudor en defender a los grandes poderes fácticos. Por otro lado la tibieza
de la decisión de la Ministra del Minsal se deja ver en el hecho que la
resolucion 399 del Minsal se promulgara sólo dos días antes del término del
gobierno de Michel Bachelet., algo parecido a la inoficiosa decisión de dar
cierre a Punta Peuco.

NANNY25.07.2018
Hasta cuando los laboratorios de hacen millonarios a costa de nuesteas
vidas. Se han descubierto remedios que eliminan el cáncer y al poco tiempo
ya no se sabe más, alguien en este mundo que frene de una vez por todas a
los laboratorios y permitir que los cuent8ficos y otras personas den a
conocer y vender esos remedios que han creado en beneficio de salud
mundial. BASTA de agachar la cabeza y piensen de una vez y para siempre en
nosotros, los otros humanos que estamos a merced de inhumanos.

JOSE25.07.2018
Excelente reportaje. Me indigna que el gobierno en el que crei es del
pueblo este metido en ma tener una política en la que chilenos mueren. 15
millones versus uno y medio, con ese dibero es suficiente para pagar el
derecho intelectual. Chile no puede seguir siendo garante de los negocios a
costa de la salud. Ya esta bueno que se de una señal clara que en Chile ya
no se puede lucrar con los medicamentos.

MIGUEL MOLINA MORENO25.07.2018
Alguien dijo que la industria farmacéutica es la más poderosa del mundo. Lo
que significa mucho poder económico por tanto político mundial y pueden
destruir una economía de un paisito emergente como Chile. La cuestión es
como se puede terminar con tal poder. Alguien o qué.

HUMBERTO25.07.2018
Tenemos dos puntos importantes de separar uno es la salud de nuestra gente
y el otro es mantener una credibilidad mundial en respetar los acuerdo,
pero tenemos una alternativa simple, el estado debe ir y comprar a los
Indios, con esto se resuelve el tema, los laboratorios tendrían sus
productos muy caros y sin clientes y las personas con sus respectivos
remedios

ANDRÉS25.07.2018
Creo que el Gobierno, así como debe respetar la propiedad intelectual
(porque así se comprometió y más aún en momentos en que es necesaria la
inversión e innovación), también debe resguardar a los pacientes. Es
incomprensible que un medicamento cueste $25 millones, aún entendiendo el
altísimo costo de haberlo creado. Por su parte, los laboratorios deben
asumir que sus enormes inversiones en la creación de un medicamento pueden
ser recuperadas, pero en un tiempo mayor. Es poco ético buscar ganancias
inmediatas cuando lo que se transa es la salud de una persona. En ese
sentido, el Estado de Chile debe ser firme e inteligente al firmar tratados
de libre comercio que involucren patentes internacionales, de manera de
establecer previamente límites claros -y que beneficien a ambas partes- en
este tipo de situaciones. Finalmente, y para evitar que en un futuro
próximo nuestra salud dependa netamente de las innovaciones de empresas
extranjeras, Chile debería volver a invertir en ciencia, innovación y en el
desarrollo de medicamentos.

HÉCTOR26.07.2018
Hay varios puntos relevantes que llaman la atención, gracias al autor por
su trabajo........................Lamentable que la resolución para
eliminar "la patente obligatoria" haya sido firmada días antes de dejar su
cargo la ministra, más lamentable aún es que el ministro actual este
cayendo en un notable abandono de deberes , importandole un soberano rabo
la salud de estas personas al no cursar dicha resolución, porque me imagino
que esto no es un juego de personalidades, sino la aplicación de una
ley.....luego tiene el deber moral y legal de ejecutar una acción mandatada
dentro de un marco legal existente, o de esgrimir las causales del porque
aún no lo hace...insostenible tanta indeferencia hacia el bienestar de la
persona humana.

HÉCTOR26.07.2018
80 millones de personas hay en el mundo sufriendo por la hepatitis C,
seguramente una inmensa mayoría de ellos no tienen el tremendo dineral para
acceder a los remedios..........esto no es innovación y
desarrollo.......... esto se parece mas a codicia............según Dante,
en el cuarto circulo del Infierno se encontraban los avariciosos, cuyo
castigo era cargar enormes pesos de oro, tan grandes como todo quel que
desearon tener en vida..............................................
https://www.msf.es/actualidad/hepatitis-c-una-pastilla-del-tratamiento-cuesta-1000-veces-mas-que-producirla

KILPATAY26.07.2018
En Brasil las quiebra de patentes para combatir el Sida lo Hizo Lula y
exitosamente, el combate a este flagelo y de pasada les dijo que primero
que nada era la saludo publica y despues los lucros, y que si no les
gustaba que se fueran del Brasil ya que no faltarian farmaceuticas que si,
querrian trabajar en Brasil!!

SERGIO DONOSO26.07.2018
El monopolio por 20 años de los medicamentos, a traves del registro de su
propiedad intelectual, no se condice con el avance de las condiciones de
vida que se han logrado en los últimos 40 años en el mundo. Hoy, todos
debemos tener derecho a acceder a medicamentos adecuados, lo que es
imposible manteniendo un monopolio por 20 años.. Los gobiernos deben
movilizarse para modificar estas normas que corresponden a una época
anterior del desarrollo industrial en el mundo.

PEDRO CUADRA26.07.2018
Favor vayan a este sitio :
https://www.patentoppositions.org/en/drugs/sofosbuvir.- verán que el lobby
chileno es una payasada, igual que las amenazas contra el país.- Hay que
estar informados.- Vean comentario que publiqué en facebook sobre este
tema.- Gracias.-
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